Machete@rte
Número 400
El Pueblo Debe Aprovechar las Contradicciones del Foxismo
El
gobierno de Fox no sabe gobernar, pues a parte de que le ha quedado mal al
pueblo, es malo para negociar por debajo del agua con los partidos políticos, y
su gabinete no da una y no se pone de acuerdo.
A
los graves yerros de Fox y Castañeda, se suman los resbalones del gabinete
foxista. Los diferendos entre el contralor Francisco Barrio y el secretario de
los recortes Francisco Gil Díaz ocurrieron por un asunto sin importancia que
deja ver que el gabinete anda en nudos.
Eso
de que Barrio dijo que Fox no se echaría para atrás en el asunto de corrupción
en PEMEX, a pesar de que eso afectaría la negociación de la reforma fiscal con
el priismo, pues Fox "no cambiaría lingotes por cacahuates", y el
hecho de que Gil Díaz revirara con que Barrio era mentiroso o tenía Alzheimer
ya que, según él, Fox no dijo lo que dicen que dijo, es intrascendente, pues es
sabido que el foxismo quiso balconear al PRI y que eso le daría un margen de
ganancia a los foxistas y al PAN.
Ayer
el panista y el foxista dirimieron sus diferencias y estrecharon mano en la
Secretaría de Gobernación, ante Santiago Creel y luego del llamado que hizo el
coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón,
al gabinete y a los panistas de apoyar todo el tiempo a Fox.
Sin
embargo, esas contradicciones en el foxismo son síntoma de un clima de
ingobernabilidad y de mala conducción gubernamental, pues mientras que ni entre
ellos se ponen de acuerdo y se andan peleando, a la población la han dejado
colgada.
Pero
esas contradicciones en el poder deben ser aprovechadas por el pueblo para
exigir la renuncia de Fox y mandar a la goma a los del gabinete y a todos los
que con ellos le están dando la espalda a los mexicanos.
Autoridades Son Responsables de Masacre en Oaxaca
Por
Julio Cárdenas
El lamentable asesinato de 26 campesinos en Oaxaca es un hecho que deja
en evidencia la falta de disposición de las autoridades para solucionar los
conflictos siguiendo la tesis “ahogado el niño, tapado el pozo”.
Para recapitular, 26 campesinos fueron asesinados cuando regresaban a su
pueblo, al toparse con una barricada de piedras y troncos. Cuando el camión en
que viajaban se detuvo, les dispararon, presuntamente con rifles AK-47 y otras
de uso exclusivo del ejército.
Familiares de las víctimas culpan a los habitantes del pueblo vecino
Santo Domingo, con quienes tiene una vieja disputa por la tierra.
José Murat, gobernador del Estado responsabiliza directamente a la
Secretaría de Marina y Recursos Naturales (Semarnat), ya que, dijo, expidió
permisos para tala forestal en la zona de conflicto.
Sin embargo, la Semarnat ha señalado que no expide permisos de ese tipo
si hay conflictos, y dado que sabían del problema que existía entre los
campesinos, ellos no expidieron dichos permisos. Lo que sí hizo, fue intentar
solucionar el conflicto, posiblemente porque había algún interés de otorgarle
permiso a alguna parte, sin embargo no pudieron resolver, y en una visita que
hicieron al lugar, hasta un muerto hubo luego de una emboscada.
Ante la agudización del conflicto, intervino el gobierno. Pero desde que
se iniciaron las investigaciones nada se resolvió, y por el contrario, las
diferencias siguieron creciendo, por lo que siguieron habiendo enfrentamientos.
De hecho, ya habían habido otras matanzas en 1935, en 1954 y en 1995 en
comunidades cercanas, dijo el propio Murat.
Los gobiernos, tanto local, como federal son los responsables de la
masacre acaecida el pasado sábado. La falta de disposición que tienen las
autoridades para resolver conflictos es lo que llevó a estos extremos una
disputa por tierras. Ahora, o se resuelve, ya que cayeron los muertos, o
seguirán ocurriendo enfrentamientos, mismos que serán responsabilidad del
gobierno.
El PRI Quiere su Hueso con Fox
Roberto Madrazo, dirigente del PRI, señaló como indispensables los
acuerdos gobierno-oposición para mantener la gobernabilidad.
Madrazo habló en un “centro de gravedad política que se ha perdido”,
mismo que sólo se recuperará, dijo, con un acuerdo entre el gobierno federal y
los partidos opositores.
El mensaje priísta es claro. Sin el PRI en los Pinos, Fox la tendrá
difícil para gobernar. El partido le está ofreciendo a Fox el cochupe como
alternativa política a la guerra de declaraciones y al destape de coladeras.
Evidentemente, el PRI debe tener un capital político con qué negociar el
gobierno con Fox, y seguramente está en los fondos de campaña del panista, la
familia Fox dentro del Fobaproa, etc.
Ya con anterioridad, se había anunciado el gobierno compartido entre Fox
y Madrazo –con Carlos Salinas detrás de ambos--, mediante una serie de
declaraciones que indicaban la “necesidad” de gobernar con la oposición.
Ahora, vuelven a decir lo mismo, ya que Madrazo dijo que para garantizar
el avance nacional, la justicia y las oportunidades, poniendo especial énfasis
en la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público. En otras
palabras, si no hay pacto, el PRI se encargará de sacar a relucir las movidas
de Fox.
Con estas condiciones, que muy probablemente serán aceptadas por Fots,
se comprueba una vez más que eso del “cambio”, fue puro engaño.
Qué
Pasó con
la Huelga de los Trabajadores del SUTGDF
Héctor Mora Zebadúa
Por primera vez en su historia, el Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (STUGDF) promovió un paro de
labores entre sus agremiados. La dirección del sindicato impulsó con un mes de
anticipación la movilización mediante el rumor, pero la situación laboral y las
propuestas de acción nunca fueron discutidas por las bases, de ahí la limitada
participación y pasividad de los trabajadores durante el paro. José Medel,
dirigente del sindicato, anunció el paro ante los medios de comunicación, con
argumentos al menos ambiguos. Según él, en el gobierno del DF se vive una
situación de violación sistemática de las Condiciones Generales de Trabajo,
pero aclaró que la mayoría de las demandas presentadas al gobierno se habían
resulto favorablemente. Explicó que entre los puntos pendientes se encontraban
los uniformes y las aportaciones del gobierno para las fiestas organizadas por
el sindicato. La diferencia estriba en que el gobierno ofrece veinte pesos por
trabajador y el sindicato demanda ciento cincuenta. Además, los líderes
sindicales demandan volver a tener el control de la ropa que se entrega a los
trabajadores dos veces al año, porque ese era uno de sus grandes negocios.
Todos nos preguntamos si eran motivos suficientes para realizar un paro de
labores.
Los motivos del sindicato tienen más que ver
con los dineros que maneja y los negocios que hace a costa de las conquistas de
los trabajadores. La dirección sindical promovió el paro porque el gobierno se
rehúsa a tratarlo como las administraciones anteriores y porque les ha limitado
o estorbado sus enjuagues.
Por el otro lado, el jefe de gobierno ha
hecho caer buena parte del peso de la austeridad sobre la espalda de los
trabajadores de base y con frecuencia los mandos medios les dan un trato poco
conveniente y hasta prepotente, bajo el argumento de que son corruptos o
flojos.
Entre los ahorros del gobierno se encuentra
la reducción de las horas extra, con las que muchos empleados completaban sus
ingresos, toda vez que sus salarios son francamente miserables. La austeridad
se vive en las oficinas como escasez o abierta falta de recursos materiales
para realizar el trabajo cotidiano. Y para colmó los jefes demandan a los
servidores públicos que realicen más trabajo con menos estímulos, menos
recursos materiales, el mismo salario y un trato por parte de los jefes que
deja mucho que desear. En sustitución de la ropa (de muy mala calidad) que se
entregaba a los trabajadores, ahora se les otorgan vales para tiendas de
autoservicio, de manera que lo que fue sucio negocio de los líderes sindicales
se convirtió en negocio lícito de las grandes tiendas. Este conjunto de hechos
propicia que los trabajadores se hagan eco de su dirección sindical, pues se
sienten a disgusto porque las generalizaciones siempre son injustas y resienten
las acusaciones de que todos los trabajadores del gobierno son corruptos o
flojos y esa afirmación no se aproxima a la realidad.
El jefe de gobierno, Andrés Manuel López
Obrador, debería encontrar la manera de que la austeridad no sea resentida tan
agudamente en el trabajo cotidiano, de manera que la gente pueda realizar sus
funciones con un mínimo de comodidad. Asimismo, debe hacerse un esfuerzo
extraordinario para la recuperación salarial de los trabajadores del gobierno
de la ciudad, hecho que contribuiría a mejorar el servicio y dinamizar
levemente la economía del DF.
Por lo pronto la cosa quedó en empate: los
líderes sindicales lograron mayor atención del gobierno y mostraron que son
capaces de promover un paro, a manera de advertencia al gobierno para que no
intente bloquearle sus negocios. El principal de ellos es la administración de
los deportivos que le pertenecen al sindicato, a partir de los cuales los
dirigentes se hacen literalmente millonarios y que además son moneda de cambio
en las negociaciones entre grupos en disputa en el STUGDF. Sin embargo, aún no
logran la solución a las demandas que provocaron el paro y mostraron que su
capacidad organizativa y su autoridad política sobre los agremiados al
sindicato son limitadas.
Por su parte, el gobierno
capitalino mostró su inexperiencia o falta de sensibilidad al recurrir a los
mismos argumentos que esgrimía el PRI en situaciones semejantes. Por ejemplo,
el señor Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobierno, afirmó que no negociarían
bajo la presión de un paro. ¿Entonces por qué lo hicieron? El gobierno no
intentó aliarse con los trabajadores de base y se limitó a descalificar a los
dirigentes o a presionar a la gente para que no participara en la movilización.
Incluso AMLO cometió el grave error de declarar que si el paro continuaba y no
le alcanzaba con el personal de confianza para dar el servicio, convocaría a la
ciudadanía a apoyarlo. En otras palabras, el jefe de gobierno convocaría a los
ciudadanos a que fuéramos esquiroles de los trabajadores del gobierno del DF.
Por fortuna para todos, esto no ocurrió y no pasó de ser una desafortunada
declaración hecha al calor de los acontecimientos.
El señor Cirigo, nuevo presidente del PRD
en el DF, trató de apoyar al Jefe de Gobierno, pero en lugar de difundir entre
los trabajadores una posición política de apoyo a sus demandas legítimas,
denunciar la corrupción de la dirigencia y demandar, por ejemplo, a la Asamblea
Legislativa la aprobación de un mayor presupuesto para salarios, a los dirigentes
sindicales la publicación de las cuentas de la administración de los deportivos
y al gobierno un trato más solidario y respetuoso con los trabajadores. Pero
no, en cambio, se limitó a salir a barrer dos calles. Que me perdone pero con
eso no ayudó al jefe de gobierno, no ayudó a la ciudadanía, no dio ejemplo de
voluntad cívica y dejó a la dirección del PRD del DF en calidad cómicos. Uno
podría preguntar, ¿Señor Cirigo por qué no promovió una movilización más amplia
y eficaz? Algunos comentan que porque no tiene capacidad de convocatoria y
otros que porque esa no es su política. En ambos casos no ayuda al gobierno ni
a los trabajadores. Lástima.
Finalmente,
los trabajadores de base del gobierno del DF se encuentran en calidad de queso
de puerco o jamón (para no herir susceptibilidades), entre la austeridad que
les complica la realización de su trabajo, a lo que se suman reducción de
complementos al salario, en muchos casos maltrato, intolerancia o incomprensión
de sus jefes, estancamiento salarial, etc. y el chantaje, la corrupción, el
trafico o venta de servicios y prestaciones de los líderes del sindicato. En
resumen, los trabajadores del gobierno de la ciudad viven entre líderes que se
enriquecen a sus costillas y un patrón que se muestra insensible ante sus
necesidades.
Matanza en Oaxaca Deja
Ver Nivel de Ingobernabilidad en México
Luego de la masacre de 27 campesinos en el municipio de Textitlán,
Oaxaca, la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) hace un llamado a
la sociedad para exigir a los gobiernos local y federal solucione, "de una
vez por todas", de todos los problemas que aquejan al estado con el fin de
evitar más derramamientos de sangre.
La OPIZ señaló que la masacre perpetrada en contra de 27 personas en la
Sierra Sur del estado de Oaxaca es una muestra más del grado de
ingobernabilidad en México y del poco aprecio que por los derechos humanos
tienen quienes gobiernan nuestro estado y nuestro país.
"Siendo su obligación resolver los ancestrales conflictos
existentes, no lo han hecho y han causado con ello hechos tan lamentables para
quienes han tenido la desgracia de nacer en una de las zonas más marginadas.
"Pareciera que hay interés en que estas zonas queden despobladas
con los enfrentamientos constantes de estas comunidades que caminan rumbo al
exterminio, pues a pesar de que hay grandes recursos naturales, es nula la
intervención para solucionar los problemas derivados del atraso y pobreza en
que se ha mantenido a nuestros pueblos."
La OPIZ afirmó que en Oaxaca de Juárez están cansados de discursos y
promesas incumplidas, "lo que necesitamos son acciones concretas para
erradicar la violencia de esta zona de nuestro estado cuyos habitantes viven en
la zozobra constante ante lo incierto de su futuro y la amenaza de muerte
permanente", señaló.
"La violencia no se resuelve con la cárcel para quienes se dejen
detener o quienes, tal vez sin ser culpables se les detenga"; "se
resuelve con mucha voluntad política, con más educación y cultura, y mediante
el aprovechamiento efectivo de los recursos y respetando la dignidad
humana", agregó.
A través de un comunicado de prensa, subrayó que dada la elemental falta
de voluntad política del gobierno local y federal, es el pueblo y las
organizaciones no gubernamentales "quienes tenemos que ser promotores del
cambio en nuestro país, obligando a los gobernantes a que cumplan con el
mandato que se les ha conferido y actúen más a favor de los desamparados y no
de los capitales, ya sea políticos o económicos".
Demandan Maestros Expulsión de Elba Esther Gordillo del SNTE
Por Anayeli Loreto
Miles de
maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), salieron nuevamente a las calles desde el Zócalo capitalino,
cruzando por la avenida Hidalgo y Puente de Alvarado, rumbo hacia
las oficinas
centrales del PRI.
Al llegar a
las afueras de las instalaciones, los docentes, “encabezados” por la gran “culebra de Elba Esther y su acompañante
Fox”, lograron abrir las puertas del recinto; ya dentro se manifestaron por la
democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y
por la destrucción del control charril que mantiene sobre el sindicato “la
cacique” Elba Esther Gordillo, actual secretaria general del PRI. “De cama en
cama Elba Esther llegó a la fama”, se escuchaba entre las distintas consignas.
Ante el
ofrecimiento de entrar a “dialogar” con una representación del PRI, el
magisterio precisó que el objetivo de su visita no era éste; aclararon que esta
movilización era sólo el comienzo de una campaña nacional encaminada a lograr
la expulsión de Elba Esther Gordillo del sindicato de maestros. Al respecto
advirtieron que realizarán una auditoria pública a esta funcionaria, pues
dijeron tener pruebas que demuestran su responsabilidad en el gran robo de
recursos del sindicato, los cuales fueron utilizados para la campaña de Roberto
Madrazo.
Además
señalaron que la cerrazón de los representantes del ISSSTE, Secretaría de
Educación Pública y Gobernación para instalar mesas de negociación con la CNTE,
se debe a que Elba Esther ha obstaculizado los acercamientos entre los maestros
con las autoridades federales.
Asimismo
agregaron que el secretario
general del Sindicato, Rafael Ochoa Guzmán, es sólo una marioneta que ha
mantenido atado al SNTE al gobierno federal, con el que ahora pretende firmar
el Pacto Social por la Educación, a través del cual “anhela terminar la
privatización de la educación, que comenzó en 1992 con Salinas y con el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, aseveraron.
Por último,
concluyeron su visita con un “final feliz”, pues entre gritos, consignas y
chiflidos, “la culebra de Elba y Fox” “los amantes eternos” fueron quemados, en
un caluroso beso.
Antes de
abandonar el Edificio Nacional del PRI, los mentores indicaron que en el
magisterio de Michoacán y Guerrero iniciaron un paro indefinido de labores, a
la vez que dijeron que el plantón se
reforzará con la llegada de contingentes de otros estados, principalmente de
Oaxaca y las movilizaciones se intensificaran a largo de estas semanas.
Se
Cuelga de la Selección
Fox
es Cachirul
Vicente Fox
felicitó a la selección mexicana de futbol por su triunfo 1-0 ante Croacia en
su debut en la Copa del Mundo Corea-Japón. Esto nos recuerda a los cachirules
que se metían chuecamente a los equipos sin pertenecer a ellos.
Fox le dijo
vía telefónica a Javier Aguirre: “felicidades a todos quienes participan en el
equipo porque entramos con el pie derecho, y lo digo en plural, porque todos
los mexicanos nos sentimos parte de este equipo”. ¿A poco Fox, quien está por
venderle el país a los extranjeros puede ufanarse de ser muy mexicano?
Esto, por
un lado, representa una manera de hacerse publicidad en su ya desgastada
carrera como presidente de México. Fox sabe que éste es un país donde el futbol
es casi una religión para muchos espectadores, que siguen atentos cada paso de
la selección. En ese sentido, Fox debe pensar que si apoya a la selección, los
espectadores dirán que su presidente es como ellos.
Por otro,
es una buena cortina de humo para todos los problemas que está teniendo con
todos: con su gabinete, con los panistas, con los priístas, con los
perredistas, y por supuesto, con el pueblo.
Durante el
tiempo que dure el mundial de futbol, será el suceso más importante para
muchos, y eso lo sabe el gobierno foxista. Se van a colgar de los futbolistas
para ir ganando un poquito de popularidad. Cualquier cosa será ganancia para
Fox.
Sin
embargo, por muy pambolera que sea la gente, es un hecho que el presidente de
México no goza de popularidad entre la gente. Aunque rece misa por la
selección, Fox no levanta. Como ejemplo tenemos al pueblo argentino, que aunque
es muy futbolero, no se olvida de las injusticias y cochinadas de sus
gobernantes. Hasta hicieron una manifestación masiva el mismo día que se
inauguró el mundial.
No está mal
festejar que gane la selección, quien lo quiera hacer, que lo haga. Pero
estaría bien que además todos se reunieran en el Ángel para exigir la renuncia
de Vicente Fox, por mentiroso, por no cumplir sus promesas, por entreguista y
por neoliberal. Simplemente por no representar a los mexicanos y sólo ser
vocero de los empresarios.
Expulsan Ejidatarios de Atenco a "Invasores"
Con
la consigna "!de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que
cueste!", los campesinos de Atenco llevaron su mensaje de apoyo y
solidaridad a Ericka Zamora en Guerrero y a los presos políticos del país.
En
tanto, ayer los seis empleados que retuvieron los ejidatarios desde el viernes
pasado cuando realizaban trabajos de topografía y cartografía para la empresa
española Obrascón Huarte Lían, entre ellos el búlgaro Krassimir Kiriloviankov,
director de la empresa Sistemas Avanzados y Proyectos S.A. de C.V., fueron
liberados.
A
cambio de soltarlos, los campesinos exigían los estudios completos efectuados
durante los últimos 15 días en el área, así como el contrato para determinar
quiénes iniciarían los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto, sin
conseguirlo. Pero de todas maneras los atenquenses lograron expulsar de su
territorio a los invasores, pues no están dispuestos a que los capitalistas
extranjeros y mexicanos se queden con sus tierras.
Por
Culpa del Neoliberalismo
24
mil Argentinos Diarios a la Pobreza
Cada día
que pasa, 24 mil argentinos se suman a las filas de la pobreza. Desde octubre,
más de 5 millones han pasado a ser pobres, lo que nos da una idea de la grave
crisis en la que se encuentra sumergido ese país, según lo reveló un estudio
privado. En total, más de la mitad de argentinos viven en la miseria. 19 de 36
millones, aunque podrían ser más.
“Se trata
de una expansión (hasta mayo) del universo de pobreza de 718 mil personas por
mes, o de 24 mil pobres adicionaes a los de octubre del 2001 agregados por
día”, señaló el estudio de Equipos de Investigación Social (Equis), empresa
privada.
“El impacto
de la devaluación sobre el nivel de precios y el continua crecimiento del
desempleo explican el importante aumento de la pobreza y la indigencia”, agrega
la investigación.
Un cuarto
de la población está desempleada, lo cual va agravando día con día la crisis en
la que va cayendo el país hermano. Se teme un nuevo estallido social ante la
agudización del problema.
Eduardo
Duhalde se encuentra bailando en la tablita, pues no sólo no ha buscado una
solución de fondo para los problemas, sino que con tal de obtener el
beneplácito del Fondo Monetario Internacional está continuando con las mismas
políticas neoliberales que sus antecesores, mismas que llevaron a la calamidad
el país gaucho.
La OEA Se Alinea con el Terrorismo Gringo
La genocida y terrorista guerra de Estados Unidos supuestamente contra
el terrorismo recibió el respaldo de 35 países miembros de la Organización de
Estados Americanos, incluido México, reunidos dos días en Barbados. Estos
países se comprometen a entregar información y congelar activos “sospechosos.
En el marco de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el
secretario de Estado norteamericano, Colin Powell señaló que “enfrentamos una
amenaza común a nuestra seguridad y prosperidad, y juntos hemos respondido”,
refiréndose al terrorismo, aunque por otro lado, amenazó a Venezuela y Haití,
países que enfrentan graves crisis políticas.
Powell advirtió que la democracia en Venezuela “está siendo probada”, y
deben resolverse constitucional y democráticamente sus problemas. Pero desde el
11 de septiembre, resulta que bombardear países es constitucional y
democrático. Al menos, los principales organismos legales no han dicho ni pio
por el genocidio norteamericano.
Por último, lo que da más miedo: “nuestro mensaje es claro ... la OEA
está lista para ayudar a Venezuela”. ¿Ayudar? ¿Estados Unidos? ¡Válgame!
El Lector Opina
Hablan Norteamericanos Expulsados
Hace unos días el gobierno mexicano deportó a estudiantes
norteamericanos por participar en una marcha con los campesinos de San Salvador
Atenco. Lo que el gobierno no informó fue que ese viaje respondió a objetivos
académicos del Evergreen College, dentro de su materia “México, Estado Nación”.
Ahora que los campesinos de Atenco han detenido la labor de extranjeros
indeseables que les quieren quitar sus tierras, publicamos íntegra, la
declaración de los deportados.
Viajamos a México para aprender acerca de la Independencia de
México, de la Revolución Mexicana y para vivir con familias mexicanas.
Aprendimos participando de lo que es México. Viajamos por la ruta del norte, la
de Pancho Villa y visitamos la tierra de Emiliano Zapata. Vimos los monumentos,
escuchamos a los cronistas de cada ciudad, marchamos en Parral, leímos la
historia, visitamos los lugares, hablamos con la gente, entendimos los
sacrificios y escuchamos las promesas. Aprendimos que la Revolución Mexicana es
real, su historia viva, su convocatoria de Tierra y Libertad todavía fresca en
los labios de la gente.
No venimos a México para marchar con los campesinos de San
Salvador Atenco, pero nos sentimos orgullosos de que nos invitaran y orgullosos
de estar a su lado. Su causa es justa y la solidaridad a través de las
fronteras es un derecho que ejercitamos. También nos sentimos orgullosos de
haber marchado vistiendo la camiseta verde del Batallón de San Patricio. Hasta
el Gobierno Mexicano honra a ese Batallón como símbolo de solidaridad
internacional.
Todos nosotros queremos regresar a México algún día. La gente, los
mexicanos fueron extremadamente finos y hospitalarios con nosotros. Son grandes
maestros y aprendimos muchísimo de ellos. Le pedimos al Gobierno Mexicano que
anule la Orden de Expulsión.
Si no desea anular esa Orden de Expulsión le pedimos al menos que
aclare de manera explícita cuáles son los cargos. La orden dice que nosotros
participamos en “actividades no autorizadas en una visa de turista”. ¿Cuáles
fueron esas actividades? “Sea específico” dicen nuestros maestros en Evergreen
College. Le pedimos lo mismo al Gobierno de México.
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
A propósito de sus declaraciones en el programa de Brozo
(31-mayo-02) ¿Quién le dijo que es bueno en una gestión municipal enterrar un
río? Por si no lo sabe cuando esto sucede:
-- Se impide que el agua se filtre y por lo tanto impide la
humedad de el subsuelo.
-- Al evitar la filtración, se limita que los mantos acuíferos
lleguen a los pozos, que de esa filtración se surten y se contribuye a que se
sequen.
¿Quiere convertir en jungla de asfalto a los límites del D.F. con
el Estado de México?…. como está Tlalnepantla con mini áreas verdes y con un
intenso calor
¿Y la naturaleza? ¿Y la estética de los 6 km. naturales que nos
quitó "sin plebiscito"?
¿Y los aficionados a practicar caminata y correr a lo largo de la
ribera del río?
Y todavía dice usted, presuntuosa y rotundamente: “entubé 6 km. de
longitud sin plebiscito”
¿Sus asesores sobre el medio ambiente sabrán algo de
ecología?
Alexander Denetor Mongrel
Decían que era “Policía Ejemplar”
Ex Comandante de la PFP con Pasado Corrupto
A “super policía” que decían que era ejemplar por haber atrapado al
“Mochaorejas” y a otros secuestradores, tiene un pasado de corruptelas.
Alberto Pliego Fuentes, ex comandante de la militar Policía Federal
Preventiva, fue señalado como un policía corrupto por un informe de la propia
PFP. El informe revela que ha aceptado “dádivas” desde una camioneta blindada
hasta 200 mil pesos, extorsionaba asaltantes y gente del crimen organizado le
debe favores.
Además, durante su estadío como jefe de custodios en el Reclusorio Norte
recibió dinero de narcos como “Don Neto” y se le acusa de torturador.
Toda una fichita este señor. Pero lo más destacable del hecho es que
desde 1999 a 2001 fue Director de Secuetros de la reluciente policía fascista
del país, la PFP. O sea que no sólo es inconstitucional por estar integrada por
militares, sino que es un albergue de delincuentes, pues recordemos que ha
habido otros pefepos acusados por fraude y abuso de funciones.
Fue el también llamado “Super policía” quien reveló su pasado durante
una prueba cuando ingresó al instituto policiaco. A pesar de que el resultado
fue que no era apto, lo contrataron.
“Ha entablado nexos con delincuentes del crimen organizado, con quienes
procura vincularse por medio de favores para adquirir su confianza y obtener
información respecto a las investigaciones que efectúa; no obstante de esta
situación, obtiene ventajas personales, pues ha llegado a aceptar dádivas y
regalos monetarios”, señala el documento que incluye el historial de Pliego.
Dicen que el Papa Renunciaría en Agosto
El papa Juan Pablo II podría renunciar en el próximo mes de agosto en su
país natal, Polonia, afirmaron “eclesiásticos polacos que mantienen estrechos
vínculos con el papa”.
La información fue publicada por el semanario checo Tyden, misma que
dice que la posibilidad es considerada por los religiosos antes mencionados
como una certeza cercana al ciento por ciento.
El alemán Josef Ratzinger y el hondureño Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, fueron los eclesiástas que dijeron la hipótesis de que Karol
Wojtyla, mejor conocido como Juan Pablo II, renuncie por su propia voluntad a
causa de el mal de Parkinson y la artrosis en una rodilla que padece.
Datos más destacados del Informe 2002 de Amnistía Internacional, en el
periodo enero a diciembre del 2001 en América
Si bien a lo largo del año se registraron
algunos hechos positivos, especialmente en relación con la lucha contra la
impunidad y el uso de la pena de muerte, el clima internacional creado por la
«guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente Bush tras los
atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos representó una grave
amenaza contra los avances de los derechos humanos en la región.
Los atentados del 11 de septiembre fueron
seguidos de una intensa reacción contra los musulmanes y las personas
procedentes de Oriente Medio asentadas en Estados Unidos. También se llevaron a
cabo detenciones en otros países como Paraguay y la República Dominicana.
En Estados Unidos se detuvo a más de 1.200
personas, principalmente extranjeros, durante las investigaciones sobre los
atentados. Las detenciones estuvieron rodeadas de gran hermetismo y se
recibieron informes sobre reclusiones en régimen de incomunicación y malos
tratos. Los motivos de preocupación en materia de derechos humanos planteados
por la amplia legislación «antiterrorista» aprobada por el Congreso se vieron
agravados por la Orden Militar presidencial para la creación de comisiones
militares especiales con la finalidad de juzgar a personas de nacionalidad
extranjera sospechosas de «terrorismo». Estos tribunales crearían un «sistema
de justicia de segunda clase» para los ciudadanos extranjeros al conculcar
expresamente algunas de las garantías básicas imperantes en el sistema de
justicia estadounidense.
Asimismo, en diciembre, y en medio del temor a
que socavara el derecho a un juicio justo, se aprobó también en Canadá una
nueva legislación antiterrorista. La nueva legislación sobre inmigración y
refugiados aprobada en noviembre podría provocar que algunas personas fueran
devueltas a países donde podrían sufrir violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, la crisis de derechos humanos en
Colombia siguió creciendo y se teme que el ambiente creado tras el 11 de
septiembre contribuya a agravarla. Tanto el ejército, con sus aliados
paramilitares, como los grupos armados de oposición siguieron cometiendo graves
violaciones y abusos contra los derechos humanos cuyas principales víctimas
fueron los civiles. Los datos estadísticos del año son escalofriantes: más de
300 personas «desaparecidas», más de 4.000 civiles muertos al margen de los
combates, la mayoría a manos de los paramilitares respaldados por el ejército,
un sinnúmero de personas desplazadas y más de 1.700 secuestradas,
principalmente por los grupos de la guerrilla.
Al igual que en años anteriores, siguieron
recibiéndose informes de torturas y malos tratos cometidas por las fuerzas de
seguridad y bajo custodia en al menos 20 países, entre ellos Argentina, Belice,
Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela. En países como Brasil y México el uso de la tortura
para obtener confesiones sirve a menudo para sustituir de hecho las técnicas de
investigación modernas.
En varios países, como Belice, Bolivia, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guyana, México, República Dominicana y Venezuela,
se registraron homicidios ilegítimos cometidos por los agentes de las fuerzas
de seguridad, a menudo como resultado del uso excesivo de medios letales. En
Brasil, los «escuadrones de la muerte» parecen actuar en connivencia con las
fuerzas de seguridad, y sólo en el estado de Sâo Paulo se denunciaron 481
homicidios a manos de la policía. En Jamaica, las fuerzas de seguridad dieron
muerte al menos a 152 personas, entre ellas siete jóvenes que murieron en una
casa en Braeton en circunstancias que sugieren que fueron ejecutados
extrajudicialmente. En Argentina se recibieron informes sobre decenas de
homicidios a manos de la policía en circunstancias controvertidas y más 30
personas murieron durante las manifestaciones celebradas a fines de año entre
informes sobre el uso de fuerza excesiva.
Las «desapariciones» continuaron siendo una
práctica generalizada en Colombia. También se recibieron informes de casos en
México y Venezuela, y al menos en otros ocho países familiares y amigos
continuaron padeciendo la tortura diaria de desconocer la suerte corrida por
sus seres queridos «desaparecidos».
En Argentina, Cuba y México, seguían recluidas
personas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional, así como
en Perú, donde aproximadamente 200 personas condenadas por «terrorismo» sin las
debidas garantías continuaban encarceladas. En el 2001 se produjo la
excarcelación de dos presos de conciencia mexicanos, Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera, activistas ecologistas. No obstante, estas excarcelaciones no hicieron
completamente justicia dado que no se reconoció su inocencia y no se abrió
ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura.
La defensa y promoción de los derechos humanos
volvió a mostrarse como un empeño peligroso para la vida de los defensores y
activistas de estos derechos, que se convirtieron en el blanco de acoso,
amenazas y agresiones, en algunos casos con resultado de muerte, en países como
Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República
Dominicana. En México, Digna Ochoa y Plácido, abogada de derechos humanos, fue
asesinada en su oficina en octubre. En Colombia más de 100 sindicalistas fueron
víctimas de homicidio, principalmente a manos de paramilitares respaldados por
el ejército, y 10 periodistas fueron víctimas de atentados mortales a causa de
su trabajo. En Guatemala, México y Haití los periodistas también fueron
victimas de acoso y amenazas y, al menos, uno perdió la vida. En algunos países
como Cuba y Haití se actuó contra los adversarios políticos del gobierno.
Estados Unidos fue el único país de la región
donde se llevaron a cabo ejecuciones, entre ellas las dos primeras ejecuciones
federales desde 1963. Entre las 66 personas ejecutadas en Estados Unidos había
algunas con problemas mentales y un preso menor de 18 años en el momento de la
comisión del delito. En una resolución que supuso un hito, la Corte
Internacional de Justicia falló que Estados Unidos había vulnerado las
obligaciones que había contraído en virtud del derecho internacional al negar a
Karl y Walter LaGrand, ciudadanos alemanes ejecutados en 1999, su derecho a
comunicarse con su consulado. Siguieron dictándose penas de muerte en todos los
países retencionistas de la región, si bien el cese de las ejecuciones en Cuba
indicaba que hay en vigor una suspensión informal de este castigo.
Aunque la mayoría de las violaciones de
derechos, tanto las cometidas en el pasado como las actuales, quedan sin ser
investigadas, se han registrado algunos avances en la lucha contra la
impunidad. En marzo, en Argentina, un juez que investigaba la «desaparición» de
tres personas en 1978 declaró inconstitucionales y nulas las dos leyes de
«amnistía». En junio y julio, un juez federal argentino solicitó la detención
de varios oficiales militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
por su participación en la «Operación Cóndor», un amplio plan de carácter
regional caracterizado por las «desapariciones» sistemáticas.
En una sentencia histórica dictada en Brasil, un
ex alto jefe policial fue condenado por cargos relacionados con la matanza de
111 reclusos ocurrida en 1992 en la prisión de Carandiru, São Paulo. En el
estado de Amazonas, 13 hombres, varios de ellos juzgados in absentia, fueron
condenados por ordenar y llevar a cabo un ataque contra unos 100 indígenas
ticuna, que se saldó con la muerte de 14 personas, entre las que había seis
niños.
En Guatemala, mientras dentro y fuera del país
proseguían los esfuerzos por poner en manos de la justicia a los responsables
de las violaciones de derechos humanos en gran escala cometidas en el pasado,
tres agentes de las fuerzas armadas fueron condenados a 30 años de cárcel por
el asesinato en 1998 del obispo José Gerardi. Sin embargo, la justicia tuvo un
elevado precio: al menos nueve testigos murieron, decenas de testigos,
abogados, jueces y fiscales de la causa fueron amenazados y acosados y muchos
se vieron obligados a huir del país.
En Perú se constituyó una Comisión de la Verdad
para aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el
2000. En junio se detuvo en Venezuela a Vladimiro Montesinos, ex jefe de las
fuerzas de seguridad de Perú, acusado de violaciones de derechos humanos.
En Chile, el ex presidente Augusto Pinochet fue
puesto bajo arresto domiciliario por los cargos de «secuestro y/o homicidio
calificado» cometidos contra 75 personas durante la operación militar de la
«Caravana de la Muerte» llevada a cabo en 1973. El arresto domiciliario se
levantó al reducirse los cargos de autor de los delitos a encubridor de los
mismos. La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió temporalmente la causa
por motivos de salud, aunque sigue pendiente tras la reclamación judicial
interpuesta por los abogados de la acusación.
Violaciones de derechos humanos en América detalladas en el Informe Anual 2002
de Amnistía Internacional
Ejecuciones extrajudiciales
En el 2001 hubo ejecuciones extrajudiciales,
posibles o confirmadas, en 12 países de la región.
«Desapariciones»
En al menos 3 países se dieron casos de «desaparición» y en al menos otros 8
continuaron sin resolverse casos ocurridos en años anteriores.
Tortura y malos tratos
Según los informes, las fuerzas de seguridad, la
policía u otras autoridades hicieron uso de la tortura o los malos tratos en 20
países.
Presos de conciencia
En 3 países había presos de conciencia o
personas que podían serlo.
Sergio Ramírez
En Chile existe un campo de cultivo muy amplio
para el desarrollo del populismo. La indiferencia juvenil frenta al sistema
imperante y la existencia de partidarios de un gobierno autoritario, unidas al
rechazo mayoritario de la población a la política ponen por no percibirla como
un medio que que atienda a sus problemas, ponen en riesgo la legitimidad de la
democracia.
Una encuesta de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), realizada en octubre del año
pasado en 29 ciudades, revela que a uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 32
años le es indiferente si en Chile hay un régimen democrático o no. Según el
sondeo, a este 29,8% se suma un 17,1% de jóvenes que afirma que, dadas ciertas
circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático. No es
que los jóvenes sean apolíticos, sino que tienen otra visión de la forma en que
hay que hacer y conducir la política. El creer que ellos son apolíticos
corresponde a un estereotipo del adolescente apático de los años '90. Lo que
más valoran son la libertad de expresión y el respeto a la minoría. Pero se les
niega espacio espacio para expresar sus opiniones. Cuando lo hacer son
reprimidos brutalmente.
El desinterés de los jóvenes por la política
actual se manifiesta en el millón y medio de adolescentes que no está inscrito
en los registros electorales. Pese a lo abultado de la cifra, no hay una
motivación del sistema para que ellos se inscriban. Pero, existen, al contrario
factores que los impulsan a rechazar el actual sistema. En efecto, consideran
que los empresarios son el grupo de mayor influencia en la sociedad: el 69,7%.
Creen que el empresariado influye en las decisiones que adopta el gobierno.
Respecto de los jóvenes, el 73,5% de los consultados se inclina por esta
opción. La cifras permiten afirmar la existencia de complicidad entre
empresarios y gobierno para tomar una decisión. También, destacan la influencia
de los "poderes fácticos" en el gobierno. Los jóvenes rechazan tales
contubernios.
El rechazo a la política provoca otras
consecuencias. Pedro Güell, sociólogo de la Universidad de Chile, en su informe
de Desarrollo Humano que el PNUD ha realizado sobre Chile, revela que gran
parte de los chilenos no percibe la política como un instrumento que les
permita transformar el medio en que viven a favor propio. Por eso dicen que
ella no les sirve . Su actitud es de rechazo. Señalan que con la política sólo
ganaban unos pocos. Esto pone en riesgo la legitimidad que tiene el sistema. Si
las personas no creen, tienden a no participar Y una democracia que no se usa
es una democracia que deja de funcionar.
La clases política no ha captado que su función
como políticos profesionales pasa por entender y traducir lo que sucede en la
vida cotidiana de las personas. Tienden a pensar que lo que hacen por sí solos
es vivido y aceptado automáticamente por las personas como una mejora en su
vida cotidiana. Pero, esto no ocurre. El mediocre debate político les parece
distante y la política se dsarrolla en un mundo cerrado sobre sí mismo y que,
lo que está en juego es proteger ese mundo y los intereses de la clase política
que crear un vínculo con la sociedad. Por lo tanto, hay un campo de cultivo muy
grande para las opciones populistas.
Mensaje Populista y Pobreza
Por la senda del populismo demagógico camina el
gobierno de Lagos. Trata de satisfacer simultáneamente a
"izquierdista" del oficialismo y a patrones y empresarios: Pasajes de
su la Cuenta al parlamento del 21 de mayo, así lo ratifican. El diario La
Tercera (26.05,2002) destaca aspectos del doble mensaje mensaje presidencial.
Citamos algunos.
Para los oídos de la "izquierda" de la
Concertación, dijo:
*"No
gobernamos para los centros internacionales, gobernamos pensando en el interés
de los chilenos y chilenas, del modo más modesto y más humilde".
*"Sabemos que en los meses que
vienen las condiciones económicas del país seguirán siendo difíciles (...) Sin
embargo, aunque tendremos menos ingresos no vamos a recortar el gasto público.
Reitero, no vamos a recortar el gasto público".
*"Este año, si el mercado no genera
suficiente empleo, vamos a volver a cumplir nuestro compromiso. Vamos a tener
de nuevo 150.000 empleos para aquellos que estén carentes de trabajo".
*"Para financiarnos (en la reforma
de la salud) proponemos, por una parte, que el pago de los subsidios maternales
se haga solidariamente, por la vía de las cotizaciones.
*"Un país como Chile, que alcanza el
umbral de los 5.000 dólares por habitantes, debe terminar de una vez por todas
con este flagelo de la miseria. Es decisión de mi gobierno, que al término de
mi mandato, en Chile ya no exista más el drama de la indigencia y la
miseria".
*"He decidido que todas estas
familias recibirán un bono de protección familiar, muy modesto, de $10.500
mensuales (...) Y en torno a este bono de protección social se ordenará un
conjunto de programas e instrumentos que existen, orientados a poner fin a la
miseria".
Mensaje a los empresarios e
inversionistas:
*"Vamos
a seguir creciendo en forma sostenida y en torno a este tema el gobierno tiene
un fecundo diálogo con los profesionales trabajadores y empresarios. Sus frutos
comienzan a emerger: estamos perfeccionando el marco regulatorio para
proporcionar una mayor transparencia y seguridad a la inversión, y en esta
dirección apuntan nuevas iniciativas legales".
*"Quiero agradecer de una manera
sincera a todos aquellos que han estado colaborando en esta Agenda Pro
Crecimiento, porque muestran que sin incidencias y con una actitud responsable,
buscando acuerdos, proponiendo soluciones, se construye una patria sólida con
visión de futuro".
*"Necesitamos de la confianza,
decisión y empuje de los inversionistas. Y quisiera por ello, convocar a todos
los empresarios, nacionales y extranjeros, a responder con fuerza, como ellos
lo saben hacer a este desafío".
*"No se combate la pobreza sin un
crecimiento económico acelerado".
El anuncio hecho por Lagos,
respecto a terminar con la indigencia el 2005, desató un debate sobre la
pobreza en el país. Los parlamentarios DC Jorge Lavandero, José Ruiz Di
Giorgio, Enrique Accorsi (PPD), Jaime Naranjo (PS) y los alcaldes Johnny
Carrasco (Pudahuel) y Santiago del Campo (Lo Prado) suscribieron el documento
"El Nuevo Umbral de la Pobreza en Chile", del economista Marcel
Claude, director de la Fundación Terram. El estudio rechaza que en Chile exista
un 20,6% de pobreza, según lo determinó la oficialista encuesta Casen. En
efecto, Claude considera que "la propuesta de Lagos es francamente
insuficiente"..(…)..El programa Chile Solidario está en la línea del
asistencialismo, cuando lo más importante para construir una sociedad más justa
y sacar a la gente de la pobreza es tener una política pública orientada a
fortalecer la capacidad educativa y productiva. Así se han solucionado
históricamente los problemas de desigualdad". Tales afirmaciones
contradicen las estadísticas oficiales que sostienen que en 10 años el país ha
reducido la pobreza a la mitad. Pero, según el economista de la Fundación
Terram: "hoy tenemos una situación de pobreza en Chile muchísimo más
dramática". Estima que una persona debería ganar una cifra no inferior a $
128.000 mensuales para satisfacer sus necesidades básicas y $ 121.000 en el
caso de pertenecer a una familia de 4 personas.
"Ese monto, que ya es
poco, no lo gana el 80% de chilenos, por lo que la gran mayoría en este país no
tiene los recursos necesarios para vivir dignamente", afirma. Al respecto
cita el ejemplo que usó Lagos para ejemplificar su programa social: "El
marido de Olga Oyarce no ganaba $ 105.000, sino 260.000 pesos. Está por sobre
el salario promedio del país, y de acuerdo con los estándares que usa el
gobierno para determinar la pobreza, este señor no sería pobre. Sin embargo, la
misma ministra de Mideplán reconoció que su familia vive en condiciones de
pobreza crítica".
Claude consideró la propuesta de Lagos como
"una limosna y un paliativo menor".
Refiriéndose al subsidio de $ 10.500, señaló que
"en condiciones de indigencia, lo natural es llegar con cierto
asistencialismo. Esa puede ser una política de corto plazo, eventual y
coyuntural, pero no es la fórmula para construir un país justo y sin miseria.
Esta se enfrenta con buena educación, buena salud, con salarios dignos y con
trabajo". Por lo cual, en base a esta realidad, se mostró pesimista ante
la promesa de Lagos de terminar con la indigencia el 2005. "Se necesita un
mayor esfuerzo fiscal en educación, salud, inversiones, investigación y
desarrollo. Sin eso, la brecha va a seguir acrecentándose. Hay que formar un
capital humano mucho más productivo del que tenemos y no confiar en que todo lo
va a resolver el crecimiento económico, porque no lo ha resuelto".
Actualmente hay manifestaciones de rechazo a los
políticos que van más allá de las declaraciones. El diputado (PS) Sergio Aguiló
fue ''zamarreado'' en protesta de cesantes. El incidente comenzó cuando el
parlamentario salía de la sede de la Intendencia de Talca, en el momento en que
un grupo de cesantes realizaba una protesta para conseguir que se ampliaran los
cupos para empleos de emergencia. El diputado trató de comunicar que se habían
asignado mil 500 plazas en dichos planes, la que fue rechazado por los
manifestantes debido a que el número de desempleados en la zona supera las seis
mil personas. Los cesantes insultaron a Aguiló en medio de empujones y conatos
de agresión física. Este, escoltado por la policía, se refugió en un hotel.
Los problemas que afectan a millones de chilenos
son concretos y conocidos, pero la clase política "está en otra":
trata de consolidar su poder recurriendo a todo. Carlos Ominami llegó
recientemente de Francia. Ahí fue testigo de la derrota del socialdemócrata
Lionel Jospin. Bajo el fracaso de ese modelo, similar al de la Concertación,
propone, para evitar perder prevendas, que el bloque PS-PPD-PRSD se fusione.
"Lagos siempre ha estado en esto", afirma. ¿Qué significa esta
propuesta?. El poder a cualquier precio impulsa la propuesta de fusión. Ominami
dice: "No creo en la Concertación IV. Creo en un nuevo entendimiento entre
el mundo de centro y la izquierda moderna. Esto nos permitirá tener una
Concertación distinta de lo que hemos tenido hasta ahora, que ha venido
agotando todas sus potencialidades. Además, sostiene que tanto Insulza como
están de acuerdo con su propuesta de fusión.
Suspicacia y molestia provocaron en el PPD la
declaración de Ominami. El diputado Guido Girardi le respondió : "La
propuesta de Carlos (Ominami) no va al fondo del problema, no lo resuelve, no
hace una reflexión de las causas de la crisis que están viviendo los proyectos
políticos y de izquierda en el mundo. Considero que hace justamente lo
contrario, esquivar el problema". Además, dice no está de acuerdo con la
fusión porque: "la suma aritmética de partidos políticos no resuelve
nuestros problema..(…)..Estoy convencido de que los proyectos políticos sin
ciudadanía son estériles, que los proyectos políticos desde las burocracias
políticas, desde las partidocracias están muertos". Además, desminte la
afirmación de Ominami sobre el apoyo de Lagos: "El Presidente no se mete,
no se involucra en los temas de los partidos políticos…"
En defensa de la existencia del PS se manifestó
un grupo de dirigentes y militantes, encabezados por Edgardo Condeza, Carmen
Lazo y Cristian Pérez, miembros de su Comité Central. En declaración pública
sostienen que los intentos de fusión no son nuevos: "Esto sucede, desde
hace 6 años, varios dirigentes del PS (entre ellos Carlos Altamirano, Enrique
Correa, Camilo Escalona, Jaime Estevéz, Jaime Gazmuri, Ricardo Nuñez, José
Antonio Viera Gallo) cada cierto tiempo han expresado diferentes fórmulas para
transformar la alianza". Tales intentos han fracasado, "Ningún
organismo oficial del P.S. ha aprobado ninguna de estas u otras fórmulas".
Aunque consideran "respetables" las
opiniones, las rechazan porque "Revelan ausencia de confianza y
escepticismo sobre la vigencia y desarrollo del socialismo y del PS".
Además, afirman que ellas "perjudican el crecimiento" del partido y
"generan desánimo entre sus militantes y adherentes" y, preguntan:
"¿Cómo se va a desarrollar un partido si parte de sus dirigentes
principales periódicamente expresan que el PS debe mezclarse y fusionarse con
otros partidos?". Concluyen que ello significaría la desaparición de PS y
que esa iniciativa no prosperará porque ellos mantendrían el partido, lo
desarrollarían y superarían estos hechos.
Las diferentes posiciones ideológicas, según la
declaración, son un obstáculo para la fusión. "El PPD y el PRSD mantienen
sus proyectos dentro del sistema capitalista...(…)…Los socialistas tenemos una
diferencia fundamental. Afirmamos que, siendo necesarias, no son suficientes
las transformaciones dentro del régimen capitalista. No se trata sólo de
corregir injusticias y contradicciones extremas, sino crear las condiciones
para que aquellas no puedan producirse. Deben eliminarse sus causas y para esto
es necesario superar el capitalismo". Además, considerando que tal sistema
de explotación determina que la mitad de la humanidad viva con menos de 2
dólares diarios y de que aumenta la distancia entre las naciones más ricas y
las más pobres y también en el interior de los países, se niegan los firmantes
a "admitir como naturales e inmodificables estos hechos absurdos..(…)..
Porque somos un partido diferente, que no va a renunciar a la esencia de su
proyecto de superar el capitalismo por una sociedad socialista, de mayorías,
pluralista y esencialmente democrática… "
EEUU Reconoce que el Plan Colombia se
Destina a la Lucha Contrainsurgente
Pascual Serrano
Lo que siempre negó el gobierno de EEUU,
que los fondos del Plan Colombia iban destinados a combatir a la guerrilla y no
solamente al narcotráfico, ha sido ahora reconocido, tanto por las autoridades
civiles como militares.
El subsecretario de Estado para asuntos
políticos, Marc Grossman, declaró el pasado 14 de abril en la subcomisión de
Asuntos del Hemisferio Occidental, Cuerpo de Paz y Asuntos de Narcóticos, que
requiere nuevas autorizaciones para "atender el problema del terrorismo en
Colombia tan vigorosamente como actualmente atendemos el de los
narcóticos". Este alto cargo de la política exterior norteamericana no
dudaba en afirmar que de lo que se trataba era de utilizar la infraestructura
armada para la lucha contrainsurgente, esa ayuda, afirmó Grossman, "le
permitiría a Colombia usar los helicópteros provistos por Estados Unidos y la
brigada antidroga del Plan Colombia para combatir a los terroristas en ciertas
ocasiones, según se lo necesitara".
En los mismos términos se pronunció el
comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos, Gary Speer, en la misma
subcomisión tres días antes, el 11 de abril. "El apoyo que Estados Unidos
le da a Colombia debería ir más allá de los límites de combatir el terrorismo,
para ayudar a atender la gran amenaza terrorista antigubernamental en la nación
andina", afirmó Speer. Este militar citó "revisiones de política,
ayuda adicional para infraestructura de seguridad y combate contra el
terrorismo, intercambio de inteligencia y ayuda de seguridad incrementada"
como "ejemplos del apoyo ampliado al gobierno de Colombia que debería
considerarse". El documento del Departamento de Estado de EEUU que recoge
estas posiciones es de lo más explícito: "Para ayudar a Colombia a ganarles
la guerra a las guerrillas, Estados Unidos debe proveerles a los colombianos la
ayuda necesaria".
Estas declaraciones políticas evidencian el
verdadero destino de los fondos del Plan Colombia, tal y como habían denunciado
no solo los grupos guerrilleros, sino las organizaciones sociales y los
partidos de izquierda. La lucha contra narcóticos era sólo la excusa para
iniciar todo un proceso de ayuda militar a Colombia para luchar contra la
insurgencia. Una ayuda que ha ignorado las recomendaciones de los organismos de
derechos humanos, alertando de las sistemáticas violaciones de estos derechos
por parte del gobierno colombiano
Campesinos Asesinados En Renala,
Pakistán, Para Arrebatarles Sus Tierras
Shoaib Ahmed
Daily Times Pakistan
Traducido para Rebelión por Germán Leyens
LAHORE: Los inquilinos de haciendas
militares en Renala Khurd y Depalpur han hablado de su maltrato a manos de los
administradores, que ha llevado a dos asesinatos y a cientos de personas que
han sido brutalmente golpeadas.
El secretario del Partido Laborista, Farooq
Tariq, viajó con periodista desde Lahore a las haciendas y se informó de las
disputas entre los inquilinos pobres y la administración de las haciendas,
formada por personal militar en servicio y en retiro, sobre la participación en
las cosechas de trigo y los derechos de propiedad. El equipo visitó primero un
chak 21-R-B que está en Renalakhurd y escucharon de parte de los inquilinos las
circunstancias de la muerte de Muhammad Bashir, cuando un coronel en servicio
Muhammad Ali ordenó que se abriera indiscriminadamente el fuego contra los
arrendatarios.
El Vicepresidente Anjuman-e-mazareen Nadeem
Ashraf declaró a los periodistas que la hacienda consistía de 1.458 hectáreas.
Durante la colonia británica, la propiedad fue concedida a HD Taylor hasta el
fin de su contrato de arrendamiento en 1978. El ejército procedió entonces a
establecer puestos de control y comenzó a inmiscuirse en la vida de gente que
había estado viviendo allí durante siglos. Dos años antes el ejército había
promulgado una orden de que cada inquilino debía depositar un pago por el
contrato de 7.000 rupias paquistaníes por acre [0,405 hectárea]. Cuando los
inquilinos se pusieron en contacto con el Departamento de Hacienda, quedó en
claro que el ejército no tenía derecho al área.
El año pasado, los inquilinos y el ejército
lograron negociar un acuerdo por el cual los inquilinos depositaron 6,5
millones de rupias en pago del contrato anual. Pero el ejército violó el
contrato y comenzó a vender la tierra a sus favoritos, afirmó el señor Ashraf.
En 1991, el ejército se apoderó de la tierra en
Sapurdari y estableció puntos de control. El señor Ashraf explicó que el
problema básico es que la gente ha cultivado la tierra durante 100 años y que
ahora exige derechos de propiedad. Además no quiere entregar una parte de su
cosecha de trigo a la administración de la hacienda.
Dijo que el General Musharraf también había
prometido que las tierras cultivables del ejército serían entregadas a los
inquilinos pobres, pero que nada se ha hecho al respecto.
Ashraf dijo que el 7 de enero de este año,
mientras la gente estaba trabajando los campos, el Coronel Muhammad Ali llegó
con unos 150 soldados y matones locales y comenzaron a golpear a las mujeres y
a los hombres que estaban trabajando en el campo. Cuando Muhammad Bashir, a
vendedor, trató de intervenir, el coronel ordenó a sus hombres que abrieran
fuego, y Bashir fue derribado.
Una mujer, llamada Nazia, dijo que el personal
del ejército la insultaron y la golpearon y la hirieron en la cabeza con un
hacha. Dijo que cuando su hermano trató de rescatarla, los soldados le
dispararon en las piernas. Ashraf ha solicitado a la administración de la finca
que justifique su posición sobre los contratos de arrendamiento.
El jefe de la Estación de Policía de Renala
Khurd, Syed Afzaal Gillani, declaró que la acción emprendida por el Coronel en
servicio Muhammad Ali era totalmente ilegal. "El ejército no tiene derecho
a disparar contra la gente," dijo. La administración de la hacienda no
informó a la policía antes de actuar contra los civiles, agregó.
El equipo también visitó el área de Dalmain Ganj
donde Tufail Cheema fue asesinado en otro incidente implicando a soldados que
abrieron fuego contra civiles siguiendo ordenes de dos coroneles retirados,
Iqbal y Nawaz.
Farooq Tariq, secretario general del Partido
Laborista de Pakistán, declaró a la gente que las tierras de la hacienda
militar pertenecen realmente a los inquilinos y no al ejército. Aseguró que los
inquilinos no entregarán un solo grano de trigo a la administración de la
hacienda. Dijo que las 68.000 fincas del Penjab pertenecen a los inquilinos.
Dijo que el General Musharraf hizo falsas promesas a los inquilinos sólo para
ganar el referéndum.
25 de mayo de 2002
España: La Reforma del Desempleo y la
Huelga General
Cuando este documento estaba ya redactado
nos asombra la noticia (nuestra capacidad de asombro, o ingenuidad, no tiene
limites) de que el Gobierno ha dictado un decreto-ley cuyo contenido es
prácticamente idéntico al del documento que presentó a los sindicatos.
Sorprende esta reacción por su profundo contenido autoritario incompatible con
las formas democráticas, pues ¿dónde está la extraordinaria y urgente
necesidad que exige el art. 86.1 de la Constitución? Por otro lado si lo
que se ha pretendido es salir al paso de la convocatoria de huelga, entonces ya
no se trata de una cuestión de formas, sino de contenidos.
El artículo 41 de la Constitución ordena a los
poderes públicos que, a través del sistema de Seguridad Social, garanticen a
los ciudadanos "asistencia y prestaciones sociales suficientes especialmente
en caso de desempleo". Esta mención expresa del desempleo ha tenido la
virtud de poner coto a lo que, desde hace muchos años, ha sido una tendencia
recurrente en ciertos planteamientos políticos y doctrinales que abogan por
segregar las prestaciones de desempleo del tronco común de la Seguridad Social.
Según esta tendencia está bien que la Seguridad Social se ocupe de los
inválidos, pues se supone que nadie va a cortarse un brazo para cobrar una
pensión de invalidez (lo que no obsta a que se hable continuamente de reforzar
los controles sobre las declaraciones de invalidez) o de los jubilados pues
nadie tiene la culpa de llegar a viejo (lo que tampoco es óbice para que
continuamente se aconseje a los ciudadanos que ahorren para el futuro y no
confíen mucho en la solidaridad de los jóvenes). Pero tener que darle
prestaciones sociales a los parados ya no es comprendido con tanta naturalidad.
No es casualidad que en casi todos los países dichas prestaciones hayan sido
las últimas en incorporarse a la acción protectora de la Seguridad Social.
Y es que el parado siempre ha sido una figura
social "sospechosa" para cierta línea de pensamiento que prefiere
culpabilizar de su propia situación a quien pierde o no encuentra un puesto de
trabajo antes que reconocer que la propia existencia de millones de parados en
los países capitalistas más desarrollados constituye una clamorosa y evidente
prueba empírica de que el sistema no es ni tan justo ni siquiera tan eficaz
como sus apologetas lo pintan.
En momentos históricos más duros por los que ha
atravesado nuestro país no hace demasiado tiempo –durante el franquismo- el
parado tenía que emigrar al extranjero si quería evitar el riesgo de que se le
aplicara la "ley de vagos y maleantes". Afortunadamente, a nadie se
le ha ocurrido –todavía- restaurar la vigencia de una norma semejante y, por
otro lado, ahora no tenemos que emigrar sino que recibimos inmigrantes.
Y, para terminar de redondear este halagüeño
panorama, nuestra tasa de desempleo viene disminuyendo en los últimos años y,
además, la liquidación del presupuesto del INEM –y de la Seguridad Social en su
conjunto- exhibe saneados superávits. ¿A qué viene, pues, plantear un recorte
drástico en las prestaciones –de desempleo y otras conexas- que reciben
nuestros parados? Más que responder a esa pregunta, dirigiremos nuestra
atención a demostrar que, efectivamente, de un recorte drástico se trata.
Analizar con detalle un documento –el presentado
por el Gobierno- que contiene dieciocho medidas a lo largo de veinticuatro
apretados folios es imposible en los márgenes de una colaboración periodística.
Nos conformaremos con comentar –lo más sintéticamente posible- las que en el debate
en curso aparecen como las tres medidas estrella: eliminación de los salarios
de tramitación, redefinición de la oferta adecuada de empleo y
"reordenación" –así se le califica en el documento- del subsidio
agrario.
Los salarios de tramitación vienen definidos por
el Estatuto de los Trabajadores como parte de la indemnización que el
empresario debe a un trabajador injustamente despedido. En efecto, despedir a
un trabajador con violación de sus derechos fundamentales o sin concurrir
alguna de las causas (numerosísimas y, algunas de ellas, polivalentes)
legalmente establecidas es un acto del empresario jurídicamente ilícito que,
además, produce un evidente perjuicio al trabajador. Para la reparación de ese
perjuicio no basta con reintegrarlo a su puesto de trabajo: habrá que abonarle
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta dicha
reincorporación:
esos son los denominados "salarios de tramitación".
Si el empresario –cuando la ley le autoriza a
ello, que es en la mayoría de los casos- decide sustituir la reincorporación
del trabajador por el pago de una indemnización, ésta no tiene nada que ver con
aquellos salarios de tramitación –que deberá en todo caso- sino con esa
decisión libérrima de no readmitir al trabajador.
Conceptualmente es, pues, inadmisible eliminar
los salarios de tramitación.
Hay que añadir dos precisiones: la primera es
que desde hace ya años dicha indemnización solamente le cuesta al empresario 60
días de salario: el exceso lo paga el Estado en concepto de mal funcionamiento
de la Administración de Justicia, que no ha conseguido emitir una sentencia en
dos meses (seguramente al resto de los ciudadanos nos gustaría recibir un trato
semejante cuando nuestros pleitos se eternizan en juzgados y tribunales); la
segunda es que si el empresario acepta en el acto de conciliación
administrativa previa que el despido es improcedente y ofrece la indemnización
correspondiente, el cómputo de los salarios de tramitación se detiene en los
días transcurridos hasta ese momento, por mucho que el trabajador decida seguir
pleiteando.
Y una cosa más: la eliminación de los salarios
de tramitación –al margen de su inaceptabilidad conceptual- no es pecata
minuta para el desempleado: según nuestras informaciones la media de
duración de los mismos se sitúa en torno a los cuatro meses que es también la
duración media de efectiva percepción de la prestación contributiva de
desempleo (porque aunque se reconozca más tiempo, no suele agotarse) y que, en
todo caso, coincide con la duración legal mínima de dicha prestación. Dado que
la cuantía mensual de la prestación por desempleo es sensiblemente inferior a
la cuantía mensual de los salarios de tramitación, eliminar estos significará
económicamente –en un amplio porcentaje de casos- algo más grave que
suprimirles sin más la prestación por desempleo. Y eso sin contar que, a su
vez, los salarios de tramitación están sujetos a cotización: al desaparecer se
producirá una merma en los ingresos del INEM y, al propio tiempo, un recorte de
las cotizaciones computables para prestaciones de Seguridad Social –en general,
no solamente del desempleo- del trabajador.
Pasemos al segundo tema. La redefinición de lo
que se considera "empleo adecuado", cuyo rechazo terminará
produciendo la pérdida de la prestación por desempleo, se ha presentado a la
opinión pública de la peor manera posible. Ante todo, parece como si se tratara
de un mecanismo nuevo, cuando lo cierto es que –desde siempre- la situación
legal de desempleo se ha definido sobre la base la involuntariedad, de tal
manera que la permanencia del parado en su situación de tal –por no aceptar un
trabajo que se le ofrece- siempre ha sido causa de extinción de la prestación.
A partir de ahí, parece de toda lógica que el empleo que se ofrece reúna
ciertas características mínimas: no se puede obligar a alguien a "aceptar
cualquier cosa". En eso consiste el empleo adecuado. La legislación
vigente (artículo 213.2 de la Ley General de Seguridad Social) lo define sobre
la base de tres notas: que se corresponda con la profesión habitual del
trabajador o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas;
que se ofrezca un salario equivalente al establecido en el sector
correspondiente; y que no suponga un cambio de la residencia habitual,
"salvo que tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar del
nuevo empleo". A nuestro juicio, difícilmente se puede definir de manera
más prudente –y, al propio tiempo, flexible- lo que debe entenderse por
colocación o empleo adecuado, a nivel legal. Y será la jurisprudencia la que,
en caso de controversia, decidirá sobre cada caso.
Dicho esto, se puede plantear concretar algo más
esa definición, aunque nosotros no lo creemos necesario. El documento del
Gobierno lo hace estableciendo unas reglas que, cuando menos, son discutibles.
Así, se considera que es profesión habitual del trabajador cualquiera que se
haya ejercido a lo largo de la vida durante más de seis meses en un año;
algunos conocemos a licenciados universitarios que, mientras estudiaban la
carrera, trabajaron más de seis meses en un año despachando copas o como
mensajeros; o que, recién terminada la carrera, han trabajado como auxiliares
administrativos; no parece lógico considerar que esas son profesiones
habituales de esa persona. Pero es que además, según el documento, transcurrido
el año "se considerará adecuada la colocación en cualquier otra
profesión que a criterio del Servicio Público de Empleo pueda ser
debidamente ejercida por el trabajador"; pero es obvio que un ingeniero en
paro o un tornero en paro pueden ejercer debidamente la –por lo demás,
dignísima- profesión de barrendero; pero no parece muy lógico establecer
legalmente la obligación de aceptar ese trabajo so pena de perder una
prestación por la que el trabajador, ahora en paro, ha cotizado debidamente.
Otra regla del documento del Gobierno –la que
mayor repercusión mediática ha alcanzado- es que, desde el punto de vista
geográfico, se entenderá adecuada la colocación "situada en un radio
inferior a 50 Km. (ó 40 ó 30) de la localidad de residencia y/o no superar las
tres horas (en total) de desplazamiento, y/o no suponga un gasto superior al 20
% del salario neto mensual". Es obvio que, según las condiciones concretas
de las comunicaciones, 50 Km. puede considerarse una distancia corta, larga o
muy larga; también lo es que tres horas (o incluso dos como parece que se dice
en un texto posterior del Gobierno) es mucho tiempo: significa más o menos un
incremento del 25 % sobre la duración ordinaria de la jornada de trabajo; y,
desde luego, tener que emplear el 20 % del salario neto en desplazamiento es
muchísimo; que los lectores hagan la cuenta con su propia situación y
reflexionen al respecto. Cuando vivimos una cultura de contención de la
inflación en la que nos hemos acostumbrado a contar los decimales en los
créditos hipotecarios, en los aumentos salariales anuales, en las evoluciones
del P.I.B., etc. etc. sorprende la alegría con la que se habla nada menos que
de un 20 % de pérdida en el salario neto.
Finalmente, el Gobierno plantea –y es, quizás,
la única vez que recurre al eufemismo en un documento que, en general, hay que
reconocer que emplea un lenguaje muy franco- "reordenar el subsidio
agrario". Pero la pretendida reordenación consiste en suprimir a partir de
ahora (es decir, de cuando se apruebe la reforma, si finalmente se aprueba) el
subsidio agrario de los eventuales del campo, existente en Andalucía y
Extremadura, manteniéndolo con carácter transitorio y a extinguir para quienes
lo vengan percibiendo.
Sobre esto hay que decir que "desde su
creación dicho subsidio por desempleo ha formado parte de un sistema integrado
de protección, junto con medidas de fomento del empleo y de formación
ocupacional rural, cuyo funcionamiento ha posibilitado avances importantes,
tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, con relación al
antiguo y deficiente sistema de empleo comunitario y ha permitido hacer frente
a los graves problemas económicos y sociales que padecen las personas que
dependen de la actividad agrícola eventual en las Comunidades de Andalucía y
Extremadura, a las que se extiende el ámbito geográfico de aplicación del
subsidio, debido a sus especiales circunstancias de paro, una vez aclarado el
carácter no discriminatorio de dicha aplicación por la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de mayo de 1989". No son palabras nuestras sino del
Preámbulo del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, vigente en la materia, que,
fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, mejoró la
regulación anterior y que, a su vez, fue objeto de una nueva e importante
mejora (consistente en no computar los salarios de los eventuales agrícolas
como rentas cuya percepción podría determinar la pérdida del subsidio) mediante
Real Decreto 73/2000, de 21 de enero.
¿Qué ha pasado desde esa última fecha –hace
menos de año y medio- para que el subsidio en cuestión pase a ser denostado?
Todo el mundo reconoce que el subsidio tiene unos efectos beneficiosos
inducidos –en términos de fijación de la población al territorio, de conservación
del medio ambiente rural, de limitación de las inmigraciones masivas e
indigeribles a las grandes ciudades, de reequilibrio interregional; en suma, de
paz social y calidad de vida- que van mucho más allá de su estricta función,
que ya es importante, de mecanismo otorgador de rentas de compensación a una
población históricamente maltratada. Por otra parte, el coste de este subsidio
es –si lo ponemos en relación con esos beneficios- irrisorio: equivale a
aproximadamente la cuarta parte de los excedentes de las cotizaciones por
desempleo en el año 2001. Es decir que con dichos excedentes habría como para
pagar cuatro veces el subsidio y, desde luego, ya que algunos hablan de agravio
comparativo, habría de sobra para extenderlo a toda España, lo que no supondría
mucho: en Andalucía y Extremadura se concentra aproximadamente el 70 % de los
eventuales agrarios del país.
Pero, ya que hablamos de agravios comparativos o
discriminaciones, conviene señalar que cuando se dice que se va a tratar a los
desempleados agrarios igual que a los demás trabajadores –acabando con su
presunto privilegio- se está diciendo algo completamente falso. En la
actualidad, los trabajadores comunes tienen derecho a un día de prestación por
desempleo por cada 3 días de cotización; el documento del Gobierno, en cambio,
pretende otorgar a los desempleados del campo un día de prestación por cada 4
de cotización; o dicho a la inversa: mientras los trabajadores de la industria
y los servicios reciben por un año de cotización cuatro meses de prestación,
los agrarios, por ese mismo año solamente percibirán –si la reforma prospera-
tres meses. Eso sí que es una discriminación y perfectamente cuantificable: les
perjudicarían en un 25 %. Pero hay algo peor:
según el documento del Gobierno, "En principio, el sistema sería
contributivo puro sin otorgar derecho a los subsidios por desempleo de nivel
asistencial". Esto es gravísimo: se trata de una serie de subsidios
que pueden durar desde tres meses hasta trece años (en el caso de trabajadores mayores
de 52 años) a los que tienen derecho los trabajadores comunes que están por
debajo de un cierto umbral de rentas y que reúnen otros requisitos –tales como
tener cargas familiares o determinada edad- y que normalmente empiezan a
percibirse –en cuantía igual al 75 % del salario mínimo interprofesional, salvo
algunas excepciones- al terminar el período de cobro de la prestación
contributiva. ¿Por qué razón a los desempleados agrarios eventuales, que ya de
por sí tendrán enormes dificultades para reunir las cotizaciones necesarias
para poder cobrar la prestación contributiva se les priva de la posibilidad de
que –si están en esa situación de necesidad- puedan acceder a esos subsidios?
De nuevo: eso sí que es una discriminación y una gran injusticia.
Lo dicho hasta ahora no es más que una pequeña
muestra del carácter absolutamente perjudicial e injusto de la reforma
planteada por el Gobierno.
Mencionaremos, solamente a título de ejemplo,
algunas medidas más de las que se proyectan: se suprime la prestación por
desempleo de los trabajadores fijos discontinuos no sujetos a llamamiento (los
llamados "trabajadores parciales periódicos", abundantísimos en
ciertos sectores como la enseñanza y la hostelería); perderán el subsidio de
desempleo muchos trabajadores que antes hubieran podido acceder a él, al pasar
a computarse la indemnización por despido como renta; se elimina la modalidad
de cobro de la prestación por desempleo por capitalización –sustituyéndola por
un sistema de subvenciones a las cuotas- con lo que ello supone de dificultades
al autoempleo; se elimina la cotización por desempleo en el empleo público
subvencionado, con lo que los trabajadores afectados no podrán acceder a
prestaciones por desempleo; se prevé que determinados subsidios por desempleo
se abonen directamente al empresario, reduciendo en la misma cuantía el salario
que deberían pagar al trabajador desempleado que contrate: si el contrato de
trabajo está mal remunerado o es a tiempo parcial, el trabajador le puede salir
gratis. Y todo ello no es más que la continuación de otros recortes que no son
proyectos sino que ya están en el BOE: por ejemplo, en la Ley de Acompañamiento
del pasado diciembre se ha reducido sensiblemente la prestación por incapacidad
temporal de los perceptores de prestaciones por desempleo.
Ante todo esto los sindicatos han anunciado una
jornada de huelga general en señal de protesta. Como ciudadanos, no debemos ni
queremos eludir pronunciarnos sobre esa cuestión. Dado el carácter de las
medidas propuestas –que afectan a toda la clase trabajadora, aunque algunas
sean específicas para los trabajadores del campo- no procede una huelga
sectorial (por ejemplo, de la hostelería, o del metal, o del campo, o de la
construcción, etc.) sino que lo adecuado es una huelga general. Dada la
gravedad de las medidas y del enorme perjuicio que pueden suponer para millones
de trabajadores, plantear una huelga de menos de un día –por ejemplo, horas- o
una simple manifestación o cualquier otra medida, nos parecería
desproporcionado por lo endeble de la respuesta. Los sindicatos han sido, pues,
enormemente prudentes al limitar la protesta a un día de huelga.
Finalmente, ni siquiera vamos a dejar de
comentar la elección del día: la víspera de la cumbre europea. Es evidente que
los sindicatos eligen ese día para dar mayor repercusión mediática –y,
eventualmente, mayor efectividad- a su protesta, y tienen pleno derecho a ello.
Es obvio también que, dado el ambiente festivo-triunfalista que nos invade
(triunfomanía, selección nacional de fútbol ocupando un tercio de los
telediarios, España país anfitrión de la cumbre, etc. etc.) la elección de ese
día atraerá con toda seguridad sobre los sindicatos el calificativo de
"aguafiestas". Pero, señores, se trata precisamente de eso: es que no
estamos para fiestas! Hace pocos días en estas mismas páginas Vicenç Navarro
(El País, 22 mayo) denunciaba la impudicia con que algunos sociólogos y
políticos –incluso autocalificados como socialdemócratas- teorizan sobre la
presunta desaparición de la clase trabajadora. Pues bien: clase trabajadora es
aquella que, si se queda un día en su casa, el país se paraliza. Esperemos que
el día 20 de junio se haga evidente que en España sigue existiendo clase
trabajadora y que es capaz de defender sus derechos cuando son injustamente
atacados
Bolivia:
Marcha Por La Soberanía Popular, El Territorio y Los Recursos Naturales
Solicitan Apoyo Para Impedir El Acoso De
La Fuerzas Militares
Comunicado De Última Hora
Nuestra Marcha por la soberanía
popular, el territorio y los recursos naturales, a nuestro paso por la
localidad de Entre Ríos, Departamento de Cochabamba,
Denunciamos:
Desde el día de ayer cuando partimos
de San Germán hacia Bulo Bulo, hemos sentido un permanente acoso de las Fuerzas
Armadas con el sobrevuelo de helicópteros militares.
El día de hoy, 23 de mayo hemos
llegado a la localidad de Entre Ríos, 20 kilómetros después de Bulo Bulo, y
durante el trayecto camiones cargados de militares armados y amenazantes, pasan
frecuentemente a nuestro lado.
Exigimos al Gobierno Nacional
instruir el respeto por nuestra MARCHA pacífica y ordenar la suspensión
inmediata del acoso militar a que estamos siendo sometidos.
Responsabilizamos de cualquier
atropello contra nuestros derechos humanos a las autoridades de la República,
que pretenden reprimir nuestro derecho a expresarnos y manifestarnos
pacíficamente.
Pedimos a la Defensora del Pueblo, a
la Iglesia Católica y todos los organismos nacionales e internacionales de
Derechos Humanos la INTEGRACIÓN URGENTE DE COMISIÓN DE VEEDURÍA para que
vigilen el respeto a los derechos humanos de más de 2000 delegados mujeres,
hombres, ancianos y niños, indígenas, campesinos, colonizadores, campesinos sin
tierra, que realizamos la MARCHA pacífica por los derechos de nuestros pueblos,
comunidades y ciudadanos de toda Bolivia.
Informamos a la opinión pública en
general que nuestra MARCHA POR LA SOBERANÍA POPULAR, EL TERRITORIO Y LOS
RECURSOS NATURALES, es PACÍFICA y no realiza ni acepta en nuestro nombre
acciones que puedan alterar el orden público, por lo que no aceptamos el acoso
por parte de las Fuerzas Militares.
BLOQUE SOCIAL POR UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES SIN LA MEDIACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Dado en Entre Ríos, Cochabamba, a
las 12:30 del día 23 de Mayo de 2002
¿Cuáles Son Las Razones Para Que Exista
La Inmigración Sin Papeles?
Boletín
sin papeles
Inmigración y Globalización
Inmigración y globalización van de la
mano, y su relación es tan estrecha que sorprende que se pase de puntillas
sobre una de las consecuencias más palpables de un proceso social, político y
económico que está construyendo categorías distintas de personas, convirtiendo
a los y las trabajador@s inmigrantes en simples mercancías sometidas a
regulaciones, limitaciones y aranceles propios del mercado, muy alejados de las
convenciones internacionales que reconocen unos derechos esenciales a todo ser
humanos por el simple hecho de serlo.
Ante un mundo presentado como global, en
términos económicos, comerciales, tecnológicos, ideológicos y comunicacionales,
cuando se eliminan progresivamente las limitaciones a la libre circulación de
capitales y mercancías, se están convirtiendo las fronteras de los países
occidentales en muros inexpugnables para los más pobres, vulnerando con ello un
derecho tan básico como la libre circulación de personas, entendido como la
posibilidad de cualquier ciudadano de este mundo a poder desarrollarse como ser
humano en el país de su elección. Así, mientras se articulan medidas conjuntas
en defensa del proceso de globalización, por el contrario se vienen
emprendiendo todo tipo de iniciativas que cuestionan los derechos más básicos y
elementales de estas personas inmigrantes.
La política de inmigración que se viene
desarrollando en el Estado español es un buen ejemplo del grado de confusión y
caos al que se puede llegar, junto a una utilización partidista y de desprecio
hacia el inmigrante, como sujeto social e histórico.
En nuestra sociedad, los inmigrantes son
actualmente objeto de una construcción política y social que vuelca contra
ellos todo tipo de discriminaciones, incomprensiones e injusticias,
impidiéndoles la simple consideración de ciudadanos por el único motivo de
querer escapar del horror de sus países para emprender una nueva vida en un
país distinto al suyo. El Estado español y el conjunto de países occidentales,
que con frecuencia denuncian el incumplimiento de la Declaración Universal de
Derechos Humanos que comenten otros países para justificar así políticas
intervensionistas, olvidan respetar ellos mismos muchos de sus artículos, entre
otros el artículo 13, que recoge el derecho de toda persona a "circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de cualquier Estado",
impidiendo que los inmigrantes, como personas, puedan acogerse al espacio de
libertad, seguridad y justicia que los países occidentales afirman querer
construir y defender.
Una nueva categoría de excluidos
Los países de la UE y a la vanguardia de ellos
el Estado español, están construyendo su bienestar negando la simple
consideración de ciudadanos a las personas que se sitúan más allá de su mundo
desarrollado, tecnológico y de consumo. Para ello han construido todo un entramado
legal y social que desde la discriminación más palpable restringen el principio
básico de la libre circulación de personas, limitan e impiden incluso el
derecho de refugio y asilo, que afecta a millones de personas en todo el mundo,
víctimas de conflictos armados, guerras civiles o que sufren persecución por
motivos políticos, de raza, religión o nacionalidad. Valga como ejemplo el dato
que los países desarrollados han negado en los dos últimos años más de cinco
millones de solicitudes de asilo, situándose el Estado español a la cabeza en
estas limitaciones, ya que en el último año concedió el estatuto de refugiado
únicamente a 370 personas, mayoritariamente cubanos y ecuatoguineanos.
Sin embargo, estos mismos Estados necesitan de
una fuerza de trabajo básicamente para sectores laborales determinados e
inexistente en sus propios países, para lo cual han puesto en marcha un
complejo mecanismo de control policial de fronteras, el Acuerdo Schengen y su
Convenio de Aplicación, que propicia la discriminación hacia los ciudadanos de
países pobres, otorga un poder desproporcionado a las fuerzas de seguridad y
favorece sentimientos de rechazo y discriminación hacia las personas a las que
se les aplica.
En el Estado español son muchos los
"nichos" laborales que se mantienen gracias a los trabajadores y
trabajadoras inmigrantes que son empleados con frecuencia en condiciones
lamentables, existiendo toda una geografía del empleo para inmigrantes (por
ejemplo: el calzado en Elche, la naranja en Valencia, el tomate en Torrepacheco
de Murcia, la aceituna en Jaén, la fresa en Huelva, los invernaderos en
Almería, el cuero en Logroño o el trabajo doméstico en barrios residenciales de
Madrid y otras capitales españolas).
Inmigrantes sin papeles, los parias de la
tierra
En la medida en que los flujos migratorios son
una realidad imparable cuya significación histórica y social no somos capaces
de comprender, toda la construcción policial y social que Occidente viene
desplegando contra los inmigrantes ha propiciado la existencia de dos elementos
tan perversos como rechazables: la existencia de poderosas mafias que han hecho
del tráfico de personas un suculento negocio, y que en la frontera sur de
Europa que encarna Andalucía, ya se ha comprobado en múltiples ocasiones sus
vinculaciones con los cuerpos policiales de seguridad de fronteras
(especialmente la Guardia Civil); junto a la existencia de personas
indocumentadas que tienen que vivir escondidas, en la clandestinidad, sin
posibilidad de regularizar su situación y a las que se les niega su propia
existencia: los sin papeles.
Los inmigrantes sin papeles constituyen la
máxima expresión del cinismo democrático de las sociedades occidentales,
capaces de desplegar un aparato legal que protege las materias más
insospechadas, desde las condiciones de vida de las gallinas ponedoras hasta
las partículas de humo de cigarrillo que unos pulmones humanos deben de tolerar
para estar sanos. Sin embargo, niegan algo tan básico como la documentación,
por tanto la simple existencia de millones de personas que han llegado a los
países europeos eludiendo los sofisticados controles policiales desplegados en
todas sus fronteras, así cada vez más militarizadas (en el Estado español, la
policía de fronteras, tarea desempeñada por la Guardia Civil es un cuerpo
militar). Y esa negativa a reconocer la existencia de estas personas constituye
en sí mismo una de las mayores violaciones contemporáneas de los derechos
humanos, ya que construye una clase social nueva en las ciudades, muy por
debajo de los más marginados. Los inmigrantes sin papeles ocupan el último
escalón de la marginación social, marginados entre los marginados, tienen que
vivir escondidos huyendo de una expulsión segura que durante cinco años les
impediría volver a entrar en cualquier país Schengen. Pero como personas,
tienen que sobrevivir, desempeñando los trabajos más duros, en las situaciones
más penosas y en condiciones laborales de sobreexplotación (son presa de
empresarios explotadores deseosos de poder contar con mano de obra sumisa, sin
derechos laborales y necesitada de dinero).
Todos los países europeos se sostienen gracias a
una bolsa de inmigrantes sin papeles cuya presencia social e incidencia
económica adquiere dimensiones surrealistas. En el Estado español se reconoce por
parte del Ministerio del Interior la existencia de entre 200.000 y 300.000
personas sin papeles, y lo hacen sin el más mínimo rubor. Tiene la osadía de
autorizar un contingente de 30.000 personas, cuando el número de solicitudes
reales es de 90.000 y además firman acuerdos de contratos a origen
(trabajadores que vienen, trabajan y se van) mientras aquí no permite procesos
de regularización para las personas que aquí viven. Todo ello hace de estas
personas sujetos ideales para el rechazo social; condenadas a vivir en la
marginalidad, les negamos su capacidad de autonomía personal y al mismo tiempo
las convertimos en víctimas propicias de las redes de explotación, algo que
cobra especial fuerza en el caso de la mujer inmigrante, a la que se sitúa en
un grado extremo de vulnerabilidad.
Inmigrantes en Andalucía
Andalucía -en número de inmigrantes
documentados- es la tercera Comunidad Autónoma, tras Madrid y Catalunya. La
situación geográfica de esta comunidad nos sitúa como una de las fronteras sur
del mundo desarrollado, y esto la hace protagonista de una fuerte presión
migratoria. Es fácil observar lo anteriormente indicado a través del terrible
drama al que están sometidos los inmigrantes que cruzan el Estrecho en pateras
(naufragios, hipotermia, represión policial, deportaciones, reclusión en
centros de internamiento o muerte en el peor de los casos).
Pero analicemos ahora la situación de los
inmigrantes en nuestra Comunidad Autónoma. Las tres provincias andaluzas en las
que se concentra en grueso de la demanda de inmigrantes para las faenas
agrícolas son en este orden Almería, Huelva y Jaén, en relación con tres
procesos productivos bien diferenciados: las frutas y hortalizas en los
invernaderos almerienses (zona del Poniente almeriense), el cultivo de la fresa
onubense (comarcas del Condado y Litoral de Huelva) y el olivar jienense
(comarca de La Loma-Las Villas) dedicado a la producción de aceite.
Para la mayoría de trabajadores inmigrantes la
situación laboral es de períodos de paro forzado que se alterna con otros de
precariedad laboral. Su reclutamiento se encuentra sujeto a diversas coyunturas
como las variaciones del mercado y la necesidad de los propietarios en relación
al incremento del ritmo de la recolección o el despido de algún trabajador.
En Almería, es fácil constatar como se ha
producido un cambio en la relación entre la oferta y la demanda de trabajo, de
forma que el incremento de la oferta ha sido mayor que el de la superficie
invernada, produciéndose en la actualidad un aumento de la precariedad laboral
y falta de inserción social y, consiguientemente un agravamiento de las ya de
por sí conflictivas relaciones sociales. Las campañas en Almería suelen durar
un promedio de nueve meses (septiembre-junio para la plantación y recolección
como periodos de mayor actividad y febrero-marzo como de menor actividad) esta
producción tempranera no tiene competencia en los mercados europeos, con lo que
se obtienen sustanciosos beneficios empresariales y el gobierno español con su
política restrictiva en facilitar la mano de obra necesaria y documentada ha
sido el mejor aliado de los empresarios en mantener un mano de obra barata e
indefensa, en condiciones de marginalidad, para ser sobre-explotados. En el
ámbito de inmigración podríamos definir Almería como la provincia sin ley de
este país.
La inmigración en la provincia de Jaén es mucho
más reciente en el tiempo. Se empieza a constatar la presencia de marroquíes en
la agricultura del olivar a comienzos de los noventa, aunque no alcanza cierta
visibilidad hasta la campaña 93/94. Existe un sobrepeso de la población activa
agraria cuyo excedente (temporal) no llega a ser absorbido por los sectores
industrial (una parte importante asociada al olivar) y servicios. Esto explica
tanto la persistencia de la inmigración como el importante número de
prestaciones de desempleo agrario en la provincia. Nos encontramos con la
paradoja de que mientras en la campaña del olivar es necesario "importar
trabajadores", una vez finalizada la misma la zona deviene en exportadora
de jornaleros agrícolas para diversas campañas en el interior y en el exterior
del Estado.
En Huelva, asistimos a la presencia de 11.000
inmigrantes (datos estimativos del informe de la Defensoría del Pueblo Andaluz)
durante los meses de campaña, en su mayoría tradicionalmente han sido "sin
papeles". Los inmigrantes van a trabajar en condiciones deplorables, sin
ningún tipo de fiscalización por parte del Estado de los campos de fresa (una
gran parte de estos campos incluso son ilegales -no declarados como campos de
cultivo de fresa en sus registros correspondientes), en un porcentaje muy
importante estos trabajadores están sin alojamiento ni vivienda.
En Andalucía no solo existen estas tres grandes
campañas agrícolas, sino que también hemos de contar con la recogida de la
aceituna en Córdoba, la vendimia de Jerez, la recogida de aceituna de mesa en
Sevilla, etc...
Desde los ochenta, las necesidades de mano de
obra no han cesado, y en la década de los noventa se han incluso intensificado
en determinados sectores de producción. En Andalucía, el principal sector
empresarial que viene empleando a trabajadores inmigrantes es la agricultura.
Es una vergüenza que el sector agrario, sumamente subvencionado por fondos del
Estado y fondos europeos sea un campo de permisibilidad absoluta para los
empresarios en cuestión.
Situación alarmante en Huelva
La provincia de Huelva es una de las que más
sabe sobre la explotación de manera infame de la mano de obra inmigrante
durante la campaña fresera que se repite año tras año en esas tierras.
La llamada campaña de la fresa, ha estado basada
sobre la explotación de trabajadores inmigrantes en condiciones de
irregularidad -sin papeles- durante los últimos años. La falta de cumplimiento
del convenio del campo, que ya de por sí es malo, y una clara estrategia de
alianzas para la impunidad en este sector, por parte de la Subdelegación del
Gobierno (no olvidemos que es el responsables de las Inspecciones de Trabajo) y
los alcaldes freseros, han permitido que esto llegase a términos de
tercermundismo absoluto.
Durante la campaña del 2001, los jornaleros
inmigrantes en la provincia de Huelva protagonizaron, múltiples encierros en
Lepe y en Huelva capital. La consecuencia de estos fue la apertura de un
proceso de regularización extraordinario que concluyó con los permisos de
residencia y trabajo para aproximadamente unos 3.800 trabajadores inmigrantes
en la provincia onubense.
Pero donde ya la locura empresarial empieza a
tomar tintes de dramatismo absoluta es cuando desde la Mesa Provincial de la
Inmigración de Huelva (compuesta por el conjunto de asociaciones empresariales
freseras, los sindicatos CC.OO. y UGT, la Junta de Andalucía, los Ayuntamiento
freseros y la Subdelegación del Gobierno) se planifica la puesta en marcha de acuerdos
bilaterales firmados por el gobierno del PP para cubrir las necesidades de mano
de obra inmigrantes en los campos onubenses. Es decir, mientras los antiguos
trabajadores de campo tras sus luchas y movilizaciones, consiguieron los
papeles para poder trabajar dentro de la legalidad, lo que ha sucedido es que
sus puestos de trabajo han sido ocupados por trabajadores que vienen con los
contratos a origen (7.500 trabajadoras provenientes de los países del Este de
Europa, que vienen con contrataciones realizadas de manera oscurantista en las
capitales de sus respectivos países de origen, trabajan durante la campaña y
luego se vuelven a marchar).
Hasta 6.000 trabajadores agrícolas inmigrantes
(con y sin papeles), se han visto mal viviendo en asentamientos de plásticos en
la periferia de los pueblos de la fresa en la provincia de Huelva. Su condena
recaía en la posibilidad de trabajar sólo los días festivos y en las puntas de
producción en las cuales los empresarios freseros no tenían plantilla
suficiente para la recolección.
Hemos vivido en esta campaña agrícola, los
mayores beneficios conocidos por parte de los empresarios freseros onubenses,
eso sí, a costa de la explotación criminal de inmigrantes fundamentalmente
magrebíes que se han visto desplazados de los campos y rechazados socialmente
de los pueblos freseros cuya alta renta per capita han contribuido en otras
campañas a desarrollar.
·
PAPELES Y DERECHOS PARA TOD@S
· NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
· DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
BOTE
DE RESISTENCIA INMIGRANTES: nº de cuenta:
2100.18.2730.0100297754 (LA CAIXA)
Nina
Peloso, pareja de Raul Castells y Militante Argentina
Susana Viau
Página 12
Fue obrera y mucama. Hace años trabaja con
"los pobrísimos" desde una posición clasista en el Movimiento de
Jubilados.
Hacía tres años que Nina iba dos veces a
la semana. La empleadora sabía que esa mujer menuda, enérgica, con treinta y
pocos años y dos hijos no era nada común. Lo había descubierto la mañana en que
Nina apagó la aspiradora y se quedó mirando el noticiero que informaba de un
congreso feminista. "¿Te interesa?" preguntó con curiosidad. Y casi
se cayó de espaldas cuando Nina dijo: "Estuve ahí el fin de semana. En la
comisión que discutía la cuota alimentaria". Después, por goteo, Nina fue
contando. Militaba en la Corriente Clasista y Combativa, formaba parte del
Movimiento de Jubilados y Pensionados. Era la compañera de Raúl Castells. A
veces, Nina avisaba: "Terminé. Me voy antes porque tengo..." y se
reía mientras hacía un gesto de irse con los pobres, pobrísimos, de su Villa
Fiorito, a exigir comida a un supermercado. Nina organizaba el Centro donde se
nucleaban, clasificaba la ropa que les llegaba donada, los organizaba. La
primera vez que habló en público se puso nerviosa. Fue en un acto en la
Federación de Box. La antigua empleadora la seguía viendo por televisión,
reclamando la libertad de Castells o entregando una torta luctuosa y gigantesca
en el edificio donde vive Domingo Cavallo al cumplirse diez años de
convertibilidad. La semana pasada volvió a escucharla: era la oradora principal
de la tribuna levantada frente al Congreso. En su último trabajo doméstico, la
llamaban "Norma Rae".
–¿De dónde es usted?
–Del campo. De Corrientes. Trabajé desde los siete
años en el campo. Eramos 15 hermanos ¡Quince! Cosechábamos zapallo, tomate.
Pero lo más importante, de lo que vivíamos, era el tabaco y el algodón. Eramos
trabajadores rurales. Así fue hasta los dieciséis, que me vine a Buenos Aires
con mis abuelos. Trabajé en un frigorífico y después mucho tiempo en una
industria plástica. Al principio la fábrica era chiquita, precaria. Con el
tiempo creció, hicieron un edificio. Pero nosotros no progresábamos de la misma
manera. Yo no entendía por qué pasaba eso. Si yo trabajaba 9 horas, desde las
siete de la mañana a las cuatro de la tarde. Cuando me presenté como delegada,
me despidieron. No me querían pagar los dieciséis años. Reclamé y como no me
hacían caso tomé la fábrica yo sola. Todo el tercer piso. Las chicas no me
podían acompañar porque tenían miedo. Nunca había pasado algo así en la
fábrica.
–¿Le costó mucho el tránsito de mujer común a
activista?
–No me costó porque veía lo injusto que estaba
viviendo. Había tenido mi primer hijo y pensaba que si no lo hacía entonces, no
lo hacía más. Mis compañeras me habían insistido para que me presentara. Había
una delegada, que creo que lo sigue siendo hoy, trabajaba igual que nosotros
pero la manejaban. Creo que no tenía dignidad. Fui aprendiendo con la gente. No
lo hice por beneficio propio. Porque tuve y tenemos ofertas de todos lados.
Siempre hay disponible algo de dinero, o algún privilegio para que uno se calle
la boca y no diga lo que siente y lo que piensa. Yo soy clasista.
–¿Le interesa la política?
–La partidaria no. Me interesa la que combate la
injusticia. Entender por qué dicen que no hay lo que nosotros sabemos que hay.
Por qué de arriba decían que no había pero había para coimas en el Senado o por
qué Carlos Menem regaló Aerolíneas mientras se hacía la pista de Anillaco. La
gente está asqueada de los partidos, no quiere nada con ellos. Sabe que si le
dan un paquete de fideos le están comprando el voto y se olvidan hasta la
próxima. Con todo lo que ha pasado en este país, con el miedo que le metieron,
la gente sigue peleando. Aunque al que pide, leña, palo, cárcel. Como a
Castells. María Julia no está presa. Alderete tampoco. Yo sabía las
dificultades que esto acarrea, pero no podía soportarlo sin hacer nada. Mire,
yo iba a la escuela sin delantal y sin zapatillas. Nos levantábamos a las
cuatro y media para ir a trabajar a la chacra. Pasaron casi cuarenta años y hay
otros chicos que están igual o peor de lo que estábamos mis hermanos y yo. Eso
es lo que me empuja. Estoy con gente más pobre de lo que cualquiera pueda
imaginar. Comen zapallo hervido, fideos hervidos quetraen del Mercado Central.
O polenta. Carne, ni hablar. En un país donde se tira una semilla en la vereda
y crece lo que uno quiere.
–¿Y qué hacen para ayudar a sus compañeros más
necesitados?
–Al principio armamos roperos comunitarios
pidiendo ropa por todos lados. Lo hicimos bien, mandamos a las provincias. Este
invierno zafamos. Con la comida, empezamos a hacer huertas. De ahí se
distribuyen alimentos. Ahora estamos con conejeras, criando conejos, gallinas,
preparándonos para los ajustes que no paran. Juntamos lo que venga, ropa,
comidas, puertas, chapas, tenemos una salita, nos traen medicamentos.
–Se llaman Movimiento de Jubilados pero nuclean
a desocupados y jóvenes.
–A los jóvenes los estamos organizando. Hay
muchos chicos que quieren estudiar y muchos de los que tienen la beca la usan
para comer. Si no llegan es por eso. Porque no son menos inteligentes que los
hijos de los abogados o de los funcionarios. Los organizamos por la beca, por
puestos de trabajo, como el Plan Bonus, que es de cien pesos.
–¿La militancia es bastante para sacarlos de la
marginalidad?
–Yo creo que sí, aunque solos no lo vamos a
lograr. La lucha es saludable, obliga a conocerse, conocer el país y saber
quiénes los apartan porque son pobres, morochos y viven en calles de tierra.
Aprenden a decir con todas las letras lo que quieren y lo que piensan, a
hacerse respetar porque son personas. Teníamos un compañero que no quería ser
presidente del Centro porque no sabía leer. Le dije que tenía que aprender
porque es necesario progresar y tener cultura. Pero mientras tanto sabía hablar
y sabía lo que quería. "Todos los que mandaron a nuestros padres y a
nuestros abuelos eran abogados, médicos, intelectuales. Y fíjese cómo estamos.
Usted tiene que ser presidente del Centro", eso le dije.
–¿Siente impotencia?
–Muchas veces, todo el tiempo. Si en las
movilizaciones se nos desmayan los compañeros por mal comidos.
–¿No le produce zozobra la situación de
Castells, entrando y saliendo de la cárcel?
–No. Yo sabía que molestábamos y no nos iban a
dejar crecer. Que te van a encerrar o te van a reprimir. Pero sé que no está
preso por ladrón, por haber sido un funcionario que robó al Estado. Está donde
está porque hay gente que vive con un peso por día. No me angustia que esté
preso porque él ahí está demostrando que no todo tiene precio, que no todo es
comprable. Nosotros no tenemos precio, somos gente de dignidad.
–Nina, ¿qué hubiera querido ser?
–¿Yo? Abogada. O estudiar algo que tuviera que
ver con el campo, con la agricultura. Igual sé ¿eh? Sé bastante.